La reciente ola de violencia en Rosario ha generado gran preocupación en el Gobierno. Ni siquiera los brutales asesinatos de Lorenzo Altamirano y César Roldán, el primero ocurrido en febrero del año pasado y el segundo en diciembre último, habían desatado tal conmoción. Altamirano, un artista callejero, fue secuestrado al azar, recibió tres balazos mortales y una nota en su bolsillo con un mensaje perturbador. Roldán, un chofer, fue asesinado a tiros frente a su unidad. Ambos crímenes, al parecer, evidencian un cambio en el modus operandi de las organizaciones criminales, con claras señales de una guerra entre bandas por el control del negocio.

La última semana ha sido especialmente intensa, con una serie de asesinatos que han dejado a la ciudad en estado de shock. Los mensajes dejados por los sicarios revelan una declaración de guerra inusual, con un llamado a la unidad entre bandas narcotraficantes. Esta alianza transitoria busca sembrar el terror en la sociedad rosarina como respuesta a las medidas gubernamentales en las cárceles y otras restricciones. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido actuar con determinación.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar acciones y ultimar detalles operativos. Sin embargo, el trágico asesinato de Bruno Bussanich, ocurrido frente a las cámaras de seguridad de una estación de servicio, ha alterado los planes, llevando a la conformación de un comité de crisis para intervenir en la ciudad con fuerzas federales y asistencia militar.

En medio de esta situación, el presidente Javier Milei ha mantenido un perfil cauteloso, evaluando cuidadosamente los pasos a seguir. Aunque se había planteado la posibilidad de una visita a Rosario en las próximas semanas, la escalada de violencia podría modificar esos planes. La ministra Bullrich ha sido designada para liderar las operaciones gubernamentales, mientras que el presidente se enfoca principalmente en temas económicos.

Se ha destacado la colaboración entre el Gobierno nacional y provincial, con la llegada de refuerzos federales y un compromiso conjunto para enfrentar la crisis. Sin embargo, aún se espera ver cómo se implementarán las medidas anunciadas por la ministra. Mientras tanto, en el ámbito judicial se trabaja arduamente para identificar a los responsables de los crímenes.

El gobierno provincial ha tomado medidas legislativas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero aún quedan desafíos pendientes, como la reforma del Código Procesal Penal. La capacitación de fiscales por parte de la ONU contra el terrorismo adquiere una relevancia especial en este contexto de crisis.

En resumen, la situación en Rosario es crítica y los próximos días serán determinantes para el curso de los acontecimientos. El Gobierno está comprometido en tomar medidas contundentes para restaurar la seguridad en la ciudad.