El Gobierno está contemplando la implementación de un nuevo incremento en los boletos de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de mayo. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Ministerio de Economía está analizando varios factores, incluyendo el efecto en la inflación, el presupuesto de los usuarios, las metas fiscales y el funcionamiento normal del sistema. Esta evaluación se produce en medio de la disputa salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyas amenazas de paro para el 25 de abril siguen siendo una preocupación después de su retención de actividades la semana pasada.

Las empresas de transporte argumentan que los recursos necesarios para satisfacer las demandas salariales solo pueden provenir de mayores subsidios o aumentos en las tarifas. Esta semana, la Secretaría de Transporte se reunirá con las asociaciones empresariales del AMBA para dar continuidad a las conversaciones iniciadas la semana pasada.

Simultáneamente, el Gobierno está considerando la posibilidad de aplicar, a partir de mayo, un ajuste tarifario conforme a la inflación para los trenes y colectivos, según lo estipulado en el artículo 11 de la resolución 5/2024 dirigida por Franco Mogetta. Aunque en abril se postergó un aumento del 36% para evitar agregar presión en un mes con aumentos significativos en las tarifas de gas y agua, para mayo se espera un índice del 51.6%. Sin embargo, este aumento está limitado por el tope del 51,6%, que se puede aplicar sin convocar a una nueva audiencia pública. Si se traslada completamente, esto representaría un impacto considerable en los bolsillos de los usuarios, con el boleto mínimo de colectivo posiblemente aumentando de $270 a $409 en el AMBA, y la tarifa de trenes subiendo de $130 a $197 en la región metropolitana.

Los usuarios que no hayan registrado su tarjeta SUBE pagarán un precio más alto, según lo establecido desde abril. Otra opción es extender el congelamiento de tarifas, lo que plantea dos posibilidades: otorgar más subsidios a las empresas, en contradicción con el objetivo de reducir esa partida en 0.2 puntos del PBI este año, o permitir que aumenten las tensiones salariales con la UTA.

Por otro lado, la situación actual del servicio de transporte sigue viéndose afectada por limitaciones en su operatividad y un deterioro progresivo. Esto se evidenció con la retención de tareas realizada por el gremio la semana pasada y la advertencia de un nuevo paro para el 25 de abril si no se reconoce un salario básico de $987,000 para los choferes a partir de marzo.

Las cámaras empresariales aseguran que las tarifas actuales solo son suficientes para cubrir un salario de $737,000 el mes pasado, y que se requiere un aporte adicional del Tesoro de aproximadamente $13,000 millones para cubrir esa brecha para más de 50,000 trabajadores. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) sostiene que el costo "real" del boleto de colectivos es de $1,198, incluido el IVA. Los pasajeros cubren $270, el Estado aporta $624, y los $624 restantes son cubiertos por las operadoras, quienes alertan sobre la crisis que generan esas pérdidas superiores a los $90,000 millones mensuales.

Aunque los técnicos de Transporte reconocen esta discrepancia, la postura oficial es no ceder ante extorsiones. Por lo tanto, informan regularmente al equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien toma decisiones considerando el frente fiscal, la inflación y el impacto en los usuarios.

El transporte en el AMBA es una de las principales preocupaciones del Gobierno en materia de transporte. Esta semana, los funcionarios recibirán a diversas asociaciones empresariales para abordar esta problemática. Cabe destacar que el 8 de febrero se decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior (FCI), mediante el cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. Aunque esta partida representaba alrededor de 102,000 millones anuales, algunos gobernadores están pendientes del resultado de los reclamos presentados ante la justicia.