El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, declaró que “la sublevación de policías es inadmisible” y advirtió que los efectivos que se unan a las protestas serán expulsados de la fuerza provincial. En una entrevista con radio La Red, el funcionario confirmó que la sanción para los participantes de las protestas será el despido. “Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”, afirmó Pérez.

Según el ministro, los policías “no pueden utilizar bienes del Estado para protestar” y que el reclamo de los uniformados “está fuera de la ley”. Indicó que 28 móviles policiales fueron robados y “están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”. Pérez también destacó que “no toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”.

En las últimas horas, el conflicto con los empleados públicos de Misiones se ha intensificado, con tomas de edificios públicos como el Ministerio de Salud y una escalada en el reclamo salarial de docentes y policías.

Ramón Amarilla, vocero policial, aseguró que “en Misiones hay una dictadura disfrazada de democracia” y exigió un aumento del 100%, aunque también expresó disposición para dialogar con el gobierno provincial. “El Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario. No pueden venir con un 15% y luego con un 20%. Es una falta de respeto. Le pedimos que se acerque a la canasta básica”, declaró Amarilla desde una camioneta frente al Comando.

El ministro Pérez rechazó la solicitud de aumento basada en la canasta básica, calificándola de “error conceptual”. Aseguró que el incremento “triplica el índice de la inflación” y que “en el acumulado supera el 70% de aumento para toda la administración pública”. Además, advirtió que Misiones dejó de percibir 20.000 millones de pesos del Estado nacional.

“Entendemos la situación y hay que tener empatía. Lo que puede hacer el gobierno de Misiones es generar los aumentos que impacten en el bolsillo, pero haciendo una administración responsable”, resaltó Pérez. “No es la panacea, pero la situación económica del país llevó a una pérdida del salario a todos los asalariados. Esa es la realidad”, añadió.

Otros grupos de trabajadores del Estado también están en conflicto con las autoridades. Trabajadores del Hospital de Pediatría difundieron una carta abierta señalando que el aumento otorgado fue “insuficiente” y “desproporcionado” ante las “necesidades y sacrificios que enfrentamos como trabajadores de la salud”. Empleados de la empresa Energía de Misiones protestaron frente a la sede central y cortaron el tránsito.

Los manifestantes de la Policía de Misiones solicitaron una amnistía general para evitar sanciones legales o administrativas y propusieron la creación de una mesa de diálogo policial. “No somos delincuentes. Criminalizar la protesta no es el camino. El diálogo es el camino”, afirmó Germán Palavecino, otro vocero policial.

“Tiene que haber cordura y racionalidad, y entender la situación que hay en el país. Entendemos que la plata no alcanza y los precios han subido. El gobierno genera los aumentos para que el impacto sea menor”, insistió Pérez. “Necesitamos que conviva la paz social para poder resolver los problemas. A los piedrazos es imposible”, concluyó.